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Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH
Resultados obtenidos por el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH a un año de su puesta en funcionamiento
Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

Descentralización de la política pública de DDHH Y DIH

La seguridad democrática se entiende como un bien público sobre el cual todos los ciudadanos ejercen derechos y tienen deberes; se concibe como una política orientada a brindar la debida protección y seguridad a los ciudadanos para proteger el pleno ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Por ello, su aplicación debe entenderse como un proceso que es responsabilidad de todos y que nos permitirá la consolidación territorial y una acción estatal coordinada.

Su objetivo prioritario es garantizar la vigencia de un orden democrático que asegure el desarrollo nacional, la convivencia pacifica, el imperio de la Ley, el respeto a los Derechos Humanos y la prevalencia del interés general. Es la razón para que una de sus principales estrategias sea la de poner en ejecución una política de Derechos Humanos de la cual se apropien los ciudadanos y las instituciones y que tenga como base y fundamento la dignidad, la convivencia y la democracia.

La Constitución Política de 1991 se caracteriza entre otros aspectos, por haber incorporado el tema de los Derechos Humanos como una prioridad en cuanto a la acción que deben desarrollar las instituciones que conforman el Estado colombiano para hacer frente a la crítica situación que vive el país.

En el transcurrir de su vigencia se han realizado diferentes actividades en procura de hacer realidad ese fin, de las cuales han participado tanto el Gobierno como la sociedad civil; no obstante, hasta ahora, once años después de la vigencia de la Carta, no hay una coordinación en las acciones dirigidas a impulsar, desde el nivel territorial, lo que se conoce como política en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Correspondió a la nación la definición y puesta en práctica de las estrategias, metas, responsables, asignación y provisión de recursos económicos y logísticos y, además, atender directamente la ejecución y seguimiento de la misma sin la participación explícita ni con la intensidad necesaria en los entes territoriales. Por ello su ejecución fue precaria en los territorios.

Como resultado, la política de DDHH y de DIH no logró permear, en términos de responsabilidades y ejecución, el ámbito de lo territorial permaneciendo en el nivel central, que es una órbita esencialmente institucional, sin llegar a la instancia territorial (departamentos y municipios) y peor aún, sin un contacto y participación de la población cuyos derechos se pretende prevenir y proteger de los posibles riesgos que producen las acciones propias de los conflictos sociales, políticos y económicos.

A nivel de lo institucional se puede destacar la falta de coordinación, de auto-evaluación, la dispersión de acciones y la insuficiente asignación de recursos que afecta el sector, hechos todos que han interferido, a nivel territorial, el éxito de las políticas de Estado que son de alcance nacional.

A lo anterior se suma el conflicto armado interno, su intensificación y degradación, la debilidad territorial del Estado y la débil administración de justicia así como la ausencia de una cultura de los Derechos Humanos, como factores importantes que han concurrido para que no se den las necesarias garantías para el ejercicio de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, vale la pena resaltar que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior y de Justicia, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, han impulsado procesos de promoción y capacitación en DDHH en las regiones. Estos procesos han incluido a personeros, líderes sociales y comunitarios, funcionarios locales y comunidades.

Lo reciente de este esfuerzo y la falta de una estrategia adecuada de coordinación no han garantizado que se traduzca en promover una organización territorial para la defensa, promoción y garantía de los Derechos Humanos, ni ha logrado impactar la gestión pública local. En consecuencia, no ha logrado modificar el comportamiento de las administraciones locales en procura de transformarlas en entes que tengan, como una de sus prioridades, la garantía y protección de los Derechos Humanos.

De otra parte, estos esfuerzos han construido una importante base sobre la cual se pueden desarrollar, en las regiones y localidades, actividades que permitan poner en práctica una política pública de protección y promoción de los Derechos Humanos.

La actual política de Derechos Humanos, define dentro de sus principales objetivos, los de:

a) De cultura, con el que se busca lograr la aceptación a nivel nacional de los Derechos Humanos como base de la dignidad, la convivencia y la democracia;

b) De prevención, con el que se busca integrar el Gobierno Nacional con el Estado y las entidades territoriales y la sociedad, para lograr la reducción de las violaciones de Derechos Humanos; ello implica informar y hacer consciente a la sociedad sobre sus derechos y sobre las amenazas y daños que pueden surgir a causa de las graves violaciones de los DDHH y el DIH.

En principio se busca la vigencia y consolidación de la aplicación de los DDHH y el DIH como prácticas cotidianas desarrollando diversas estrategias que permitan que “el Estado refuerce sus acciones y estrategias hacia un enfoque preventivo, fortalezca la lucha contra la impunidad, le de una respuesta adecuada a las víctimas, trabaje armónicamente con los organismos internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos, impulse medidas efectivas de aplicación del Derecho Internacional Humanitario y racionalice el funcionamiento de las instituciones encargadas de la garantía, promoción y protección de los Derechos Humanos”.[1]

En el marco de las estrategias mencionadas, el Plan de Desarrollo, en materia de Derechos Humanos, se plantea desarrollar acciones tales como:

a) Fortalecer los procesos de prevención, a partir del

· Fortalecimiento de La descentralización del tema mediante la capacitación y asesoría a las autoridades locales relacionadas con la materia para que incluyan estrategias de prevención de violaciones de Derechos Humanos y D.I.H en los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y en los planes de contingencia.

· Impulso a el Sistema de Alertas Tempranas y la consolidación de un sistema estatal de información

· Diseño y ejecución de estrategias pedagógicas dirigidas a las comunidades, de tal manera que se generen procesos de apropiación de los Derechos Humanos como fundamento de una respuesta civil, para prevenir y disuadir amenazas y agresiones de los diferentes actores armados ilegales.

· Mantenimiento de los programas de protección a los defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, promotores de causas indígenas y activistas sociales que vienen siendo objeto de persecución y amenaza..


b) Realizar acciones de prevención y protección, atención de emergencia, generar condiciones para el restablecimiento y fortalecimiento del sistema nacional de atención integral, ante el desplazamiento forzado.

c) Ejecutar medidas particulares de impulso al Derecho Internacional Humanitario, tales como desvinculación de los niños del conflicto armado, aplicación a la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal, así como la ejecución del plan nacional de acción y la creación del fondo contra las minas antipersonal.

d) Fortalecer el Comité especial de impulso a investigaciones de violación de Derechos Humanos y de las instancias encargadas de la administración de justicia y de ejercer control y seguimiento a los procesos originados en dichas violaciones.

e) Formular un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que -además de orientar y coordinar la acción estatal en el corto, mediano y largo plazo- contenga acuerdos interinstitucionales y consensos sociales en el establecimiento de áreas prioritarias de atención. Este proceso estará acompañado del diseño e implementación por parte de la Defensoría del Pueblo, de un modelo de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas que inciden en los Derechos Humanos. Finalmente, este proceso asigna una clara coordinación de la política de Derechos Humanos a la Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial de Derechos Humanos. Proceso en el que se invitará permanentemente a los organismos internacionales y a las ONG.


DE LA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN

La política de Derechos Humanos en lo territorial, tiene por objeto tender puentes de concertación entre la sociedad civil organizada o no, las autoridades departamentales y/o municipales y las autoridades nacionales presentes en dichos territorios en procesos de apropiación, prevención, defensa y garantía de Derechos Humanos en los distintos departamentos y/o municipios donde se trabaje.

Desde hace algún tiempo se dice que en Colombia se vive una crisis humanitaria de Derechos Humanos, que tiene su punto más alto en las persistentes violaciones de estos y en las consecuencias que genera el conflicto armado para la población civil.

Esta afirmación general tiene diferentes manifestaciones en los distintos territorios, bien porque en algunos de ellos los dirigentes y gobernantes han asumido la urgencia de atender los compromisos constitucionales y legales de formular y ejecutar políticas de Derechos Humanos a favor de toda la población o de los grupos que se encuentran en menor oportunidad para ejercer sus derechos, o bien porque la sociedad civil se organizó y/o asumió las diferentes opciones para ejercer sus derechos.

En este panorama, el contexto de una política pública de Derechos Humanos para el trabajo territorial, debe responder a las condiciones específicas de la situación de Derechos Humanos, a las formas como la cultura y la vida cotidiana han definido las formas de vida de la población, a las posibilidades de garantizar los derechos en el marco de un Estado local de escasos recursos y de un conflicto armado que condiciona el ejercicio de los derechos y a los reconocimientos normativos que los hacen exigibles por parte de la población.

Los procesos de Derechos Humanos, como se ha dicho en muchas otras oportunidades tienen como propósito y fundamento lograr que los derechos sean reconocidos como prácticas cotidianas de la población, que adquieren un estatus normativo, pero que lo que los hace una posibilidad real de ejercicio y garantía es que sean asumidos como acciones propias de la población.

Así, los procesos en Derechos Humanos se han identificado como:

 

•Acciones de promoción de los derechos que busca fortalecer saberes de las personas y empoderarlas para un ejercicio de sus derechos;
•Acciones de defensa de los derechos que buscan mantener los reconocimiento de los Derechos Humanos y evitar que por circunstancias negativas externas el universo de los derechos se deteriore;
•Acciones de protección de los derechos que buscan dar solidez al ejercicio legal de los Derechos Humanos, tanto en el uso de las acciones legales para proteger los derechos o restablecer lo que sea posible de restablecer una vez se ha presentado una violación, como en la existencia de una normatividad permanente que defina el alcance y la posibilidad de los derechos; y,
•Acciones de garantía de los derechos que buscan que los gobernantes formulen y ejecuten políticas públicas que sean propiamente de Derechos Humanos o que siendo políticas sociales, cuenten con una perspectiva de Derechos Humanos, que las hagan rentables para el ejercicio de estos por parte de la población.

Estas acciones, que en el universo de los Derechos Humanos tienen una especial complejidad y que corresponden a una forma de vida pacífica, tolerante y solidaria, se ven enfrentadas por la existencia del conflicto armado interno. De ahí que los procesos en Derechos Humanos no logren los fines y propósitos anteriormente señalados y sus resultados generen desconfianza en la población y debiliten las posibilidades de una seguridad humana satisfactoria. La pregunta de rigor es entonces, ¿en qué afecta el conflicto armado interno los procesos de Derechos Humanos?, la que se complementa con otra pregunta: ¿existen acciones que permitan contrarrestar dichas consecuencias? De estas preguntas surgen por lo menos dos respuestas: una corresponde a una lista de consideraciones a tener presente en el trabajo territorial de Derechos Humanos y la otra corresponde al tipo de acciones que se deben realizar para cambiar el rumbo de dicha tendencia.

Las acciones de promoción se ven afectadas por el universo de saberes respecto de los Derechos Humanos, con los cuales operan los grupos armados: para algunos los Derechos Humanos son acciones contrainsurgentes, para otros son acciones contra el Estado y para otros son acciones contra la Fuerza Pública que impiden ganar la confrontación. Sin embargo, el principal peligro se genera por la convicción de que es con la fuerza como se resuelven la mayor parte de los conflictos sociales, culturales y políticos entre los ciudadanos.

Las acciones de defensa de los derechos reconocidos se ven afectadas por el criterio según el cual cualquier actividad de movilización social de protesta o por el mantenimiento de los derechos, es considerada como un problema de orden público, negando que las acciones en Derechos Humanos son a la vez que un proceso conflictivo una forma pacífica de vida.

Las acciones de protección de los derechos normatizados y positivizados se ven afectadas porque las estructuras de administración de justicia son endebles ante el reclamo de la fuerza como mecanismo para atender los conflictos ciudadanos, y adicionalmente se ven afectadas por la universalización de los Derechos Humanos y de sus formas de protección que lleva a los violadores de los mismos a tener presente que la impunidad tiene en la justicia internacional una forma de justicia, intemporal y profunda, basada en la nunca más.

Las acciones de garantía de los Derechos Humanos se ven afectadas por el conflicto armado interno porque generan un conflicto en la asignación de recursos donde es necesario cumplir con los compromisos internacionales y nacionales de derechos, al mismo tiempo que es necesario evitar las violaciones lo que impide una concentración de recursos en una sola actividad. Esto sin contar con que las políticas públicas de los gobernantes no han privilegiado la satisfacción de derechos y en el marco de la escasez de recursos, las restricciones son invocadas como exoneración de responsabilidad en la satisfacción de los derechos.

Así, el trabajo territorial en Derechos Humanos es un trabajo que se adelanta en medio de situaciones conflictivas y establece una especificidad en cada departamento y/o municipio donde se desarrolle.

Lo que hace válido y vigente al Estado, independientemente de su tamaño, es que es el aparato creado por la sociedad y le ha delegado el servicio público, cuya razón principal es la creación de un sistema de igualdad de oportunidades y la promoción del desarrollo humano. Lo que hace específica una forma de Estado de un país a otro es la existencia de una forma especial de generar igualdad de oportunidades y lograr el desarrollo humano. Esta es la razón que hace vigente el Sistema de Naciones Unidas, que busca hacer equitativo y compatible la igualdad de oportunidades con la promoción del desarrollo humano, obligando a los Estados a continuar actuando en el plano internacional y en el plano nacional.

Pero estos dos criterios, igualdad de oportunidades y promoción del desarrollo humano, adquieren diferente manifestación de un departamento a otro o de un municipio a otro. Las condiciones locales, la existencia de una organización social fuerte, las posibilidades de los derechos y las tradiciones culturales afectan y condicionan las acciones en Derechos Humanos, sin que ello niegue que para lograr una meta aceptable de vida en uno y otro criterio se requiere de una acción conjunta entre Estado y sociedad.

Siendo el Estado un aparato creado por la sociedad, obteniendo de la sociedad todos los bienes para prestar el servicio público comprometido, ni puede ir contra la sociedad, ni ésta lo puede desconocer. Por el contrario, donde la sociedad es más organizada y tiene mejores condiciones de ejercicio de los derechos, el Estado tiene mejores entidades, instituciones y dependencias y puede cumplir eficientemente con los criterios de validez y vigencia.

Esta es una de las manifestaciones diversas que adquiere la democracia y el desarrollo en los distintos países del mundo: se cree que en los países desarrollados existe una muy fuerte concatenación de estos dos criterios y por el contrario en países en vías de desarrollo dichos criterios no son aún plenamente complementarios.

En esta tendencia de integración estatal y societal, las particularidades en cada país, así como en cada entidad territorial, originan un peso específico en uno u otro criterio. Bien el Estado promueve el desarrollo humano y ayuda a crear sociedad o bien la sociedad ejerce la igualdad de oportunidades y fortalece el Estado.

Colombia, se encuentra en una situación en la cual ni cuenta con una sociedad profundamente organizada en la que el ejercicio de los derechos fortalezca al Estado y exprese una amplia y fuerte construcción de igualdad de oportunidades, ni cuenta con un Estado fuerte que promociona amplia y profundamente el desarrollo humano. En igual situación se encuentran las diferentes regiones del país.

De aquí resulta que las acciones de promoción, defensa, protección y garantía de los Derechos Humanos, se articulan en particularidades territoriales con la necesidad de crear puentes entre sociedad y Estado y ellas se expresan en tres estrategias con las cuales se puede abordar con cierto grado de eficacia el trabajo en derecho humanos en los territorios. Ellas son: a) la estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil; b) la estrategia de fortalecimiento institucional; y, c) la estrategia de crear espacios conjuntos de la sociedad y del Estado local.

La estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil. Que la sociedad cuente con un movimiento social, con más organizaciones, más numerosas y de mejores posibilidades de potenciar a cada ciudadano para el ejercicio de sus derechos es una meta que fortalece la promoción del desarrollo humano. El logro de dicha meta requiere de una ciudadanía con sentido de pertenencia política, social y territorial, lo cual implica fortalecer en la ciudadanía el criterio de que la forma de vida pacífica en Derechos Humanos es mejor que la fuerza, lo que genera procesos de promoción de los Derechos Humanos buscando que los saberes ciudadanos se orienten a una “vida buena”.

La estrategia de fortalecimiento institucional. Que el Estado nacional y/o local cuente con los servidores públicos que, además de tener méritos para ejercer el cargo, se han formado en el respeto de los derechos del otro y de la otra, han abandonado la discriminación en razón al sentido de igualdad de oportunidades que corresponde a cada ciudadano, es una meta que fortalece, hace eficiente, vigente y válido al Estado. El logro de dicha meta requiere fomentar en el servidor público el criterio de que el ejercicio del poder fundamentado en los Derechos Humanos, produce mayores satisfacciones personales y otorga mayor legitimidad y democracia al Estado.

La estrategia de crear escenarios conjuntos de trabajo en Derechos Humanos, entre la sociedad y el Estado local. Que la construcción o reconstrucción de la Sociedad y del Estado, es una meta que fortalece mutuamente a sociedad y Estado y permite mayores posibilidades a un futuro menos violento, y pacífico. El logro de esta meta requiere de la creación de confianzas mutuas, aprender a escucharse y a reconocer que la democracia y la legitimidad, son un proceso construido entre unos y unas y otros y otras.

Resulta evidente que cada estrategia requiere, para lograr su meta, de una gama de actividades que se definen en las particularidades como se expresa el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades en cada entidad territorial.

En el entramado de acciones en Derechos Humanos y de puentes a crear entre sociedad y Estado, tanto las condiciones estructurales sobre la situación de los Derechos Humanos como las condiciones específicas como se expresa el conflicto armado delimitan las acciones y los mecanismos eficaces para responder a cada situación departamental.

Las actividades directas de movilización y organización como los mecanismos de planeación local y departamental emergen como los medios más adecuados para el desarrollo del trabajo territorial en Derechos Humanos. Con la movilización y la organización se fortalecen las capacidades de ejercicio de los derechos de la ciudadanía y con los procesos de planeación se fundamenta la seguridad humana, entendida como el compromiso actual con la humanidad futura.

Entonces, la complejidad del trabajo de Derechos Humanos en los territorios resulta simple. Una vez que hemos identificado los medios más adecuados de trabajo, se trata de construir las combinaciones necesarias, dadas las particularidades de cómo se expresa la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano en cada territorio.

Movilización, organización y planeación en Derechos Humanos es la política que podremos agenciar en el trabajo con las entidades territoriales, sin que se olviden las acciones que deben dar respuesta inminente a situaciones de amenazas y violaciones de Derechos Humanos, o las dificultades que se generan por el carácter conflictivo del trabajo en Derechos Humanos.

El contexto de las políticas departamentales de Derechos Humanos. La orientación política para tratar el contexto sugiere que se identifique la situación de Derechos Humanos (esta parte del contexto debe identificarse y escribirse atendiendo a las diferencias de género, de grupos en situación de vulnerabilidad, diferencias etáreas y diferencias rural y urbano), se formule cuál es la relación que tiene trabajar en Derechos Humanos con la consolidación del Estado en el nivel departamental y/o municipal y se propongan los espacios de ejercicio de los derechos y la movilización de la sociedad por sus derechos. Este contexto debe identificar qué existe en los departamentos como organismos, redes, comités, consejos; al tiempo que identifica la infraestructura social y las políticas públicas en Derechos Humanos, sabiendo que los territorios existe inmenso trabajo en derechos que puede estar disperso; y, finalmente el contexto debe identificar el impacto y la situación de conflicto armado, en el departamento.

Los programas de Derechos Humanos. Los programas de Derechos Humanos, propiamente dichos, tienen como soporte las prácticas de los Derechos Humanos en la vida cotidiana. En ese orden la orientación podría ser que las diferentes entidades territoriales cuenten con programas de: a) educación en Derechos Humanos; b) ciudadanía política; c) desarrollo y libertad; y, d) democracia incluyente.

El programa de educación en Derechos Humanos, debe atender los aspectos de cobertura y de calidad de la educación, tanto en la formal, como en la no formal y la informal. El programa de ciudadanía política, debe atender temas como la organización ciudadana por el ejercicio de los derechos, la exigibilidad de los derechos y las formas de protección judicial de los Derechos Humanos. El programa de desarrollo y libertad, debe atender aspectos como la lucha contra la pobreza, el suministro de agua potable, el saneamiento básico y el ambiente sano, y la seguridad alimentaria o el derecho a una alimentación adecuada. El programa de democracia incluyente, debe atender temas como la no discriminación, la protección integral de la persona, la pluralidad cultural y étnica y la contribución como equidad o el derecho a un desarrollo integral.

Los programas con perspectivas de Derechos Humanos. Los programas con perspectivas de derechos son programas de políticas sociales, cuyas actividades van enlazadas con Derechos Humanos en la búsqueda de la complementariedad en la satisfacción integral de las personas. No son derechos de segunda categoría. Son derechos cuya posibilidad de realización implica una acción social amplia que compromete diversas personas y grupos de personas y cuya satisfacción no es posible sino existe un universo de actores para lograr dicha satisfacción.

Pueden mencionarse como programas con perspectivas de Derechos Humanos, los programas de empleo y/o trabajo, de protección del ingreso mínimo de los trabajadores asalariados, los de promoción de la asociación y organización social por los derechos, los de cobertura y calidad en el reconocimiento de la seguridad social y del acceso al seguro social, lo que incluye temas de la atención de la salud y prevención de la enfermedad, los derechos de la familia, los niños y las niñas, y los y las adolescentes, la lucha contra la pobreza, que implica la lucha contra el hambre, los programas de acceso, disfrute y ser beneficiado de la vida cultural, el progreso científico y la protección de los intereses morales y materiales en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas, los programas de mejoramiento de la calidad de vida, los de acción social y comunitaria en razón de la eliminación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los de lucha contra todas formas modernas de esclavitud incluyendo la lucha contra la prostitución adulta o infantil, los programas de seguridad humana.

Proyectos y políticas preventivas de las violaciones de Derechos Humanos. Una eficiente prevención de las violaciones masivas de Derechos Humanos surge de los territorios, donde se viven las historias, proyección, se desarrollan los saberes y conviven las personas entre sí. En el territorio se previenen tanto las violaciones de Derechos Humanos causadas por deficiencias gubernamentales en el manejo del tema como las violaciones generadas por causas del conflicto armado. La prevención de las violaciones tiene como contraparte el desarrollo de la seguridad humana de la población, lo que le otorga a los proyectos preventivos un carácter político de mediano y largo plazo, en los que se conjugan los intereses de los gobernantes, de la ciudadanía y de parte de las generaciones futuras. Son proyecto como la creación de sistemas de alertas frente a las violaciones de derechos, identificación de factores de riesgo ante posibles violaciones de Derechos Humanos, tales como: la inseguridad alimentaria, las hambrunas. Estos proyectos tienen una fuerte conexión con los programas con perspectivas de Derechos Humanos.

Las acciones inmediatas. Los programas de acciones inmediatas deben atender las estrategias de movilización y organización ante situaciones y circunstancias de inminencia, bien por agudización de desatenciones ante aspectos de Derechos Humanos, bien por situación de conflicto armado, bien porque se requieren acciones dirigidas a atender medidas cautelares por violaciones de Derechos Humanos.

 

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[1] Derechos Humanos, Texto preliminar, Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006. Vicepresidencia de la República de Colombia, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Bogotá, Colombia, noviembre de 2002. Página 1.

 
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