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Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Vicepresidente Garzón pidió perdón, en nombre del Estado colombiano, a organizaciones sindicalistas Sintraemcali, Sintrateléfonos Bogotá y Sintraunicol por ofensas en 2007

Bogotá D.C., 11 de junio de 2014

El Vicepresidente Angelino Garzón, acompañado por José Noé Ríos, Ministro de Trabajo; Juan José Quintana, Embajador Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas; Alma Bibiana Pérez, Directora del Programa Presidencial de DDHH y DIH; los líderes de las centrales sindicales CGT, CUT y CTC; y Sandra Polaski, Subdirectora de la OIT, pidió perdón en nombre del Estado colombiano a los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos por las ofensas de las que fueron víctimas en 2007 cuando varios de sus dirigentes fueron señalados de pertenecer a la guerrilla por parte de funcionarios del Gobierno nacional.

“Yo quiero, en nombre del Estado colombiano, pedir perdón públicamente por las ofensas de las que fueron víctimas Sintraemcali, Sintrateléfonos Bogotá y Sintraunicol en 2007. Pido perdón por el acto irresponsable que se cometió en 2007 contra el sindicalismo colombiano”, dijo Garzón.

El Vicepresidente Garzón manifestó que cuando se atenta contra la actividad sindical, se violenta también la política de Derechos Humanos. “La paz en Colombia pasa por una política de respeto integral de los Derechos Humanos y las ofensas, las agresiones verbales, los señalamientos contra el sindicalismo, son un atentado a la paz”.

Agregó que reparar colectivamente al sindicalismo significa que haya más compromisos del Gobierno y los empresarios con los derechos de los trabajadores, con su protección y el rechazo a cualquier amenaza a la actividad sindical. “La reparación colectiva es reconocer los derechos de la gente a organizarse y a expresarse como sindicato. El perdón tiene que pasar por la reparación colectiva”.

Garzón realizó una invitación al evento que en este mismo sentido se realizará en Bogotá el 16 de julio en el Salón Alejandría de la Vicepresidencia de la República, y manifestó que no se trata solo de cumplir un mandato, sino para generar un espacio de diálogo social en donde se evidencie que hechos como estos no pueden volver a repetirse en Colombia.

Por su parte, José Noé Ríos, Ministro de Trabajo, destacó la voluntad política del Gobierno nacional, en cabeza del Presidente del República, de avanzar en un programa de reparación colectiva para el movimiento sindical.

Alma Bibiana Pérez, Directora del Programa Presidencial de DDHH y DIH afirmó que “Los derechos laborales y las libertades sindicales hacen parte de una agenda integral de Derechos Humanos (…) Las personas que defienden las libertades sindicales son defensoras y defensores de Derechos Humanos. Esa es una labor que nosotros, no solo tenemos que proteger, sino valorar y promover”.

La directora señaló que actos como el realizado con los sindicalistas en Ginebra y próximamente en Bogotá, buscan contribuir a crear una cultura dentro del Gobierno y el Estado para que hechos como los sucedidos en 2007 no sigan sucediendo.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH hace un reconocimiento a la importante labor que adelantan las y los sindicalistas en nuestro país a favor del respeto y goce de los derechos laborales y las libertades sindicales.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH reitera el compromiso del Estado colombiano para continuar promoviendo el sindicalismo como institución de la democracia y continuar incluyendo, dentro de todos los procesos de Derechos Humanos y de construcción de paz, una defensa del movimiento sindical, al igual que la posibilidad de que defensores y defensoras de Derechos Humanos, de los derechos laborales y las libertades sindicales sigan ejerciendo su valioso trabajo por el bien de los colombianos.

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El acto público se realizó en el Palacio de las Naciones, sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en cumplimiento de lo ordenado por la jueza Veintinueve Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, en el Auto del 11 de abril de 2014, y en correspondencia con el compromiso del Estado colombiano con la garantía de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales.

 
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