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Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reconoce avances y esfuerzos de Colombia en garantizar los derechos humanos en el país

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2014

comisión intersectrorial de DDHH y DIH

En el marco de la 8a Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y DIH, presidida por el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual ante representantes de más de 25 entidades del Gobierno que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.

En una ocasión sin precedentes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones hizo público y presentó su informe primero al Estado colombiano en reconocimiento al fortalecimiento institucional que ha traído consigo la puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, iniciada en 2012 por mandato del Presidente Juan Manuel Santos.

El Vicepresidente Garzón destacó la importancia que ha representado para Colombia la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Mencionó que uno de los grandes desafíos correspondía al trabajo con los gobiernos regionales y locales y enfatizó en que la consecución de la paz contribuye a la política de Derechos Humanos.

Dentro de la presentación del informe realizada por Anders Kompass, Director de las Oficinas de Terreno y de Cooperación de la Alta Comisionada, y Todd Howland Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebró la decidida búsqueda del Gobierno colombiano de lograr una salida negociada al conflicto interno armado y elogió los continuos esfuerzos del Estado por cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

Kompass destacó la respuesta de Juan José Quintana, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, en que el informe anual constituía para el país un instrumento de trabajo y una hoja de ruta para continuar trabajando con el acompañamiento de la Oficina en el mejoramiento de la situación de Derechos Humanos en Colombia.

Por su parte, Todd Howland señaló que el trabajo de la Oficina en Colombia, más que hacer señalamientos, busca ayudar a reforzar políticas públicas, mejorar los esfuerzos institucionales y construir puentes de comunicación, generar confianza, facilitar soluciones negociadas y prevenir violaciones a los Derechos Humanos.

Howland manifestó que la presentación de este informe es un mecanismo usual, que se hace con una frecuencia anual y que corresponde a la gestión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en todos los países en donde su Oficina tiene presencia.

Informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la importancia de los diálogos para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional y las Farc y destacó el hecho de que todas las protestas ocurridas durante 2013 finalizaron a través del diálogo y acuerdos negociados dirigidos a abordar las solicitudes de los manifestantes y la raíz de las problemáticas sociales. Mencionó que en algunas manifestaciones se cometieron violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado así como excesos de los manifestantes.

El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario recibió especial mención por ser ejemplo de un desarrollo institucional ejemplarizante para otros países, destinado a definir objetivos y responsabilidades comunes para el Estado en su totalidad, así como para la creación de líneas de base e indicadores que puedan medir el logro de los objetivos.

La Oficina también destacó el proceso de la construcción participativa de la política pública, liderado por la sociedad civil, la comunidad internacional y el Gobierno Nacional el cual finalizó con el diseño de una propuesta de política pública de derechos humanos para el periodo 2014-2034, presentada oficialmente el 10 de diciembre, y denominada “De la Violencia a la Sociedad de los Derechos”.

Reconoció los esfuerzos realizados en los dos primeros años de aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en particular por la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.

No obstante lo anterior, el informe muestra los desafíos en temas como la falta de coordinación institucional, impunidad, capacidad limitada para el trabajo en zonas afectadas por el conflicto armado, hacinamiento carcelario, fuero penal militar, entre otros.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas señala que se documentaron violaciones atribuidas a las Farc y al Eln, así como su ejercicio de control social sobre la población en las zonas rurales con poca presencia del Gobierno. Howland reiteró el llamado a las Farc y al Eln, a que como un acto de compromiso con el pueblo colombiano y con la paz, entreguen información específica y completa sobre civiles, policías y militares que han desaparecido o están en su poder, y sobre la ubicación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados. También a cesar de inmediato el reclutamiento y utilización de niños y niñas, y colaborar con el Gobierno para crear e implementar un plan de acción para desvincular de manera efectiva a los niños que permanecen en las filas.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos también observó un aumento en el número de asesinatos, amenazas y ataques contra reclamantes, líderes sociales y funcionarios públicos involucrados en los procesos de restitución de tierras. La Oficina expresó que es esencial que las víctimas sientan que sus derechos han sido restaurados. El éxito de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre crímenes contra los defensores sigue siendo insuficiente.

Por último, la Alta Comisionada en su informe solicita que el Gobierno trabaje con la Oficina en Colombia para documentar la manera en que la cooperación con el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha contribuido a la evolución de los derechos humanos en Colombia durante los últimos 16 años, y para identificar las mejores prácticas que puedan ser compartidas con la comunidad internacional.

 
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