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Declaración Universal de los Derechos Humanos
Sala de Prensa

Presidente Santos expresa compromiso con defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos durante firma de la Declaración de Chapultepec

Bogotá D.C., 21 de enero de 2013

El Presidente Santos, en el marco de la firma de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por parte de alcaldes y gobernadores, reiteró el compromiso del Estado y de su Gobierno con la defensa la libertad de expresión como uno de los pilares para garantizar los derechos humanos.

Manifestó que quiere ser recordado en la historia por ser el jefe de "un gobierno progresista, decente, respetuoso de las diferencias y de las libertades, un gobierno de derechos" y por haber liderado un Gobierno que propugnó por los derechos de los colombianos al trabajo, a la salud, a la vida, a la paz y a la libertad de expresión.
Durante su intervención, el Presidente enfatizó en que la Constitución Política de Colombia de 1991 estaba entre la más “garantistas” no solo de América Latina sino del mundo, y que todos los actos de gobierno estaban basados en esos principios.

Por otra parte, al firmar esta declaración, alcaldes y gobernadores hacen pública su aceptación a los principios y consienten en someterse a la vigilancia de los medios de comunicación y de la sociedad para su cumplimiento.
Los diez principios que sintetizan la Declaración de Chapultepec de la SIP sobre la libertad de prensa son:

  1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
  2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos
  3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
  4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
  5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
  6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
  7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
  8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
  9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
  10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
 
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