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Declaración Universal de los Derechos Humanos
Sala de Prensa

Derechos humanos, sueño de todos

Por: Carlos Franco Echavarría
Director Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH
(Publicado en la Revista de Cambio. Edición del jueves 10 de diciembre)

Cuando se habla de derechos humanos surge siempre la discusión sobre cuál es su situación real y cuál la responsabilidad del Estado en ello. Todos los informes de las organizaciones dedicadas a los derechos humanos sostienen que la situación es grave, hablan de crisis humanitaria y sindican a la política de seguridad democrática de ser la responsable. Estas apreciaciones no coinciden con lo que piensa la población colombiana. ¿Cuál es la realidad?

A los hacedores de informes de las ONG no les gustan las cifras o tienen su particular manera de verlas. Pero estas son dicientes y muestran una importante parte de la realidad. ¿Cómo no va a ser significativo que durante el 2008 hayan sido asesinados 12.500 colombianos menos que en el 2002? ¿Acaso es poca cosa que la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes haya pasado de 64 a 36 en estos seis años?

Durante 2000 se produjeron 236 masacres en las cuales murieron más de 1.400 compatriotas y en 2008 se presentaron 37 en las cuales murieron 169 colombianos. El cambio es evidente y también lo es el relacionado con las víctimas y victimarios: en el pasado miles de campesinos murieron como fruto de la acción paramilitar, ahora la mayoría de homicidios múltiples corresponden a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.

Las cifras del secuestro muestran la misma realidad: 3.572 personas secuestradas en 2000 frente a 437 en 2008 -estas incluyen el secuestro simple-.  No deseo ocultar la cifra del desplazamiento, el drama más doloroso que enfrentan muchos compatriotas. Sin embargo, es preciso señalar que mientras en 2002 fueron desplazados casi 434.000 compatriotas de sus hogares, los registros correspondientes a los primeros 10 meses de 2009 indican que 97.000 personas han declarado haber sido objeto de desplazamiento este año.

La lucha por la garantía de los derechos humanos también pasa por la persecución, captura y judicialización de los perpetradores. Una de las críticas recurrentes al Estado era su pasividad con los grupos paramilitares, y en esas críticas no faltaban razones: entre 1995 y 2002 solo fueron capturadas cerca de 3.500 personas sindicadas de pertenecer a esos grupos y ningún jefe paramilitar importante. Entre 2003 y 2006, 12.200 personas fueron capturadas, sindicadas de pertenecer a grupos paramilitares, mientras que con posterioridad a la desmovilización de las Auc el Estado ha capturado a cerca de  7.500 miembros de las nuevas bandas criminales. La mayoría de los jefes paramilitares están en la cárcel y han sido capturados muchos jefes de las nuevas bandas criminales.

Políticas públicas

El Gobierno es consciente de que aún falta mucho por hacer, pero reclama el reconocimiento de los logros. La política de seguridad democrática es una política transparente en el combate a todos los grupos armados ilegales sin distinción, y eficaz en la protección de los sectores más vulnerables. De eso no hay duda. El Gobierno está dispuesto a discutir estrategias y medidas para lograr el ciento por ciento de eficacia en todo el territorio, pero nadie puede dudar de que ha hecho los máximos esfuerzos para proteger a la población y garantizarle el ejercicio de los derechos y libertades. 

Vale la pena profundizar en otro aspecto de la aplicación de los derechos humanos: su incidencia en las políticas públicas. Cuando se toca el tema, se alude a las valiosas contribuciones del poder judicial para fortalecer los contenidos de derechos humanos en las políticas públicas: derechos en salud, educación, ejercicio de libertades, atención a las víctimas, al desplazamiento, de la población LGBT, de los grupos étnicos...

Pero la experiencia reciente no se agota ahí. Para comenzar, la política de seguridad y defensa está impregnada de los derechos humanos como nunca. Desde su formulación está establecido que su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, sin distinción, en todo el territorio. Así mismo, los medios para lograr los objetivos de la seguridad democrática se ajustan a la ley y son respetuosos de los derechos humanos.

El Ministerio de Defensa expidió la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y decenas de directivas sobre asuntos específicos de derechos humanos. El modelo pedagógico establece que todos los cursos de formación o ascenso deben tener el componente de derechos humanos en el temario. Se han establecido oficinas de derechos humanos en todas las unidades y asesores jurídico-operacionales.

Mucho se habla de los 'falsos positivos' pero se olvidan tres factores fundamentales: los esfuerzos del Estado para combatir el fenómeno; los procesos que un órgano independiente de Justicia les sigue a los sindicados, y que estos prácticamente desaparecieron en 2009. El Plan Nacional de Desarrollo se funda en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y establece todas las políticas sociales como tendientes a garantizar derechos. La política de Paz y reincorporación establece la obligación de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas para poder acceder a beneficios jurídicos o programas de reincorporación. Otro tanto puede decirse de los recursos para atender políticas de derechos humanos o de garantía de derechos: el presupuesto para atender a desplazados pasó de 40 a 500 millones de dólares; el del programa de protección de cuatro a 50 millones de dólares; el del sector Justicia se ha duplicado para combatir la impunidad. Bajo el entendido de que los derechos humanos son asunto de la humanidad y con la esperanza de lograr una mejor comprensión de la realidad colombiana y la cooperación para avanzar en su realización, el Gobierno ha desarrollado una política de puertas abiertas a la comunidad internacional, no ha eludido la presentación o sustentación de informes, no ha restringido la llegada de extranjeros, no se ha excusado de dar explicaciones.

Creo que los derechos humanos deben ser una causa que una a la sociedad colombiana y no un punto de debate, que  debe condenarse a los violadores de estos y que para contribuir a su ejercicio no puede aislarse, política y económicamente, a una sociedad que está trabajando por su plena vigencia para las nuevas generaciones.

 

Por Carlos Franco Echavarría,
Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia

 
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