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Declaración Universal de los Derechos Humanos
Sala de Prensa

Intervención del Vicepresidente de Colombia, doctor Francisco Santos Calderón, en el segmento de altas personalidades del Consejo de Derechos Humanos

Ginebra, marzo 2 de 2009

Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Señora Alta Comisionada, distinguidos participantes en este segmento de alto nivel.

Señoras y señores:

El Gobierno de Colombia agradece al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la oportunidad que tuvo el 10 de diciembre de presentar el Examen periódico Universal. Reiteramos nuestra convicción de que este es un mecanismo que permite examinarse a cada país en relación a los avances en los otros Estados, es una oportunidad para conocer buenas prácticas en otros territorios y ante todo consagra el compromiso de un Estado con otro respecto a temas de interés común en derechos humanos.

La oportunidad del examen Periódico Universal permitió internamente examinar lo que se estaba haciendo en múltiples campos de la actividad estatal, establecer prioridades y proyectar la labor de todas las instituciones en la garantía y protección de los derechos humanos hacia el futuro. Este ejercicio permitió presentar 64 compromisos voluntarios en todas las áreas de los derechos humanos. Para honrar esos compromisos y los adquiridos con las recomendaciones de los diferentes estados, he ordenado establecer un mecanismo de monitoreo periódico del estado de avance del cumplimiento de esas obligaciones, el cual estará disponible en una página de la Web.

El Estado y la sociedad colombianas abrigan la esperanza de que la revisión profunda de la situación colombiana y de los esfuerzos desarrollados hayan permitido a todos Ustedes constatar que en Colombia se desarrolla una política de seguridad muy eficaz pero aplicada con transparencia y respeto a los derechos humanos como principio; verificar que los esfuerzos del Estado y la sociedad no se reducen al combate a las amenazas contra nuestra seguridad e integridad sino al combate firme a la pobreza y a la exclusión; y que ninguna violación de derechos humanos ha dejado de ser atendida e investigada en Colombia.

Como se ha hecho internamente y ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, debo lamentar la muerte a manos del Ejército colombiano de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del Comité Regional Indígena del Cauca; este fatídico hecho sucedido en la madrugada del 16 de diciembre fue fruto de un lamentable error accidental de nuestro ejército y le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue todas las circunstancias que lo rodearon y las responsabilidades que de esa investigación se deriven; así mismo se ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la colaboración que sea necesaria por parte de las autoridades ejecutivas de la República.

Y no podía ser de otra manera; el Gobierno de Colombia ha hecho todos los esfuerzos necesarios para lograr la plena observancia de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en medio de la compleja situación de nuestro país. En el mes de noviembre se expidió la Directiva Permanente 208 del Comando General de las Fuerzas Militares dando órdenes e instrucciones para aplicar las 15 medidas ordenadas por el Ministro de Defensa que comprenden acciones en capacitación, doctrina, inteligencia, operaciones, control administrativo y disciplinario, planeación, responsabilidad del mando, cooperación con autoridades judiciales, atención a quejas de la población. Hoy, todas las Divisiones y Brigadas cuentan con Asesores Jurídicos Operacionales y en breve todos los batallones del país contarán con esta figura. El Presidente de la República ha encabezado 5 programas de rendición pública de cuentas en derechos humanos por parte de la Fuerza Pública transmitidos por la televisión nacional. Ningún esfuerzo se ha ahorrado y los resultados son evidentes: desde hace 5 meses no se ha recibido ni una sola queja o denuncia respecto a supuestos homicidios fuera de combate. Las investigaciones sobre las anteriores denuncias prosiguen y los esfuerzos para prevenir estos hechos en el futuro también.

Otro hecho que ha adquirido gran notoriedad es la revelación, la semana pasada, de unas supuestas interceptaciones hechas sin orden judicial a Magistrados, periodistas, políticos, al Ministro de Defensa, al Director de la Policía Nacional, al Jefe de Seguridad del Presidente entre otros, por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad. Aunque no existen aún las evidencias de esas grabaciones, ni de la responsabilidad institucional del DAS, el Presidente de la República de manera inmediata tomó la decisión de relevar al DAS de la facultad de realizar interceptaciones telefónicas y la Fiscalía General de la Nación ha asumido la investigación de estas denuncias. De todas maneras debo ser enfático en una sola cosa: el Gobierno de Colombia es firme en sus convicciones y en su decisión de combatir todas las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia pero respetuoso del Estado de Derecho y leal en la contradicción; si esas interceptaciones se hicieron, nunca han sido ordenadas por mi Gobierno. Nuestro Gobierno, en ocasiones, tiene diferencias con decisiones de las Honorables Cortes o de personas de nuestra sociedad y ha asumido el costo político de expresar públicamente sus convicciones, pero no practica el espionaje frente a estas instituciones o personas.

Desde mi anterior comparecencia ante este Consejo hasta hoy, 21 personas han sido liberadas de las cadenas del secuestro. 15 de ellas lo fueron en una brillante e incruenta operación de la Fuerza Pública colombiana que resume los inmensos avances técnicos y humanísticos de nuestras instituciones armadas. Los otros seis, las FARC tomó la decisión de liberarlos para intentar recuperar en algo su menguado prestigio. Les ruego no olvidar a los cientos de secuestrados asesinados en cautiverio y a los otros cientos que todavía soportan la violación de todos sus derechos por parte de las FARC. En nombre de la sociedad colombiana reclamo de todos los países del mundo, de todos los gobiernos, de toda la humanidad, la solidaridad con los secuestrados de Colombia y la exigencia de su liberación inmediata y sin condiciones; no entenderíamos otra postura de quienes están comprometidos con los derechos humanos.

El secuestro es una de las tantas agresiones de las FARC contra nuestra sociedad. En noviembre celebraremos en Cartagena la Segunda Conferencia de revisión de la Convención de Ottawa en la cual esperamos la participación de todos los países comprometidos en la lucha contra este flagelo. Su presencia en Cartagena la entendemos como el rechazo al uso de minas antipersona y la solidaridad con las víctimas de las minas en Colombia; durante el 2008, 146 colombianos y colombianas murieron y 563 quedaron heridos por estos artefactos; en los últimos 7 años, 1.343 personas han muerto y 4.789 han quedado heridas, muchos de ellos menores de edad. Esas vidas perdidas y personas mutiladas apelan a su conciencia para condenar a los grupos armados ilegales en Colombia y para que se hagan presentes en la Conferencia de Cartagena.

Pero las barbaridades no terminan ahí; durante el mes de febrero, un número indeterminado de miembros de la comunidad indígena Awá localizada en el departamento de Nariño fueron asesinadas; según un comunicado de las FARC, ellos asesinaron 8. Uno de los cadáveres recuperados por la Fuerza Pública colombiana estaba rodeado de 50 minas antipersona. Las FARC habían asesinado 4 maestros de esta comunidad indígena en septiembre del año pasado y 13 de ellos fueron víctimas de las minas sembradas por esta organización el año antepasado. La agresión a esta comunidad indígena debe ser condenada con toda energía y sin vacilaciones así como su motivación: mantener sembrados de coca en el territorio Awá y controlar los recursos provenientes de su tráfico.

Colombia sigue comprometida en lograr la plena vigencia para de todos los derechos humanos en nuestro territorio; seguridad, protección, control del territorio, fortalecimiento de la justicia, universalización de la salud y la educación, programas para erradicar la pobreza, leyes que consagran los derechos de las víctimas, combate a grupos armados ilegales, educación en derechos humanos, presupuesto para atender a los sectores más vulnerables, acatamiento de fallos de los jueces y la Corte Constitucional que protegen derechos, han sido algunas de las acciones desarrolladas en estos últimos años.

Con renovado compromiso hemos participado en el proceso de revisión de de la Declaración de Durban y su Plan de Acción en nuestro continente y esperamos que la Comunidad Internacional avance en la Conferencia prevista en la adopción de medidas eficaces contra todas las formas de discriminación; este año esperamos tener en Colombia los resultados de la Comisión transitoria establecida para hacer recomendaciones al Gobierno Nacional para superar la discriminación racial. No podemos permanecer impasibles mientras la Declaración Universal de los Derechos Humanos siga siendo una promesa para muchos y menos aún cuando la razón para no hacerles efectivos esos derechos sea su color de piel o cualquier otra razón. Estar vigilantes a todas las nuevas formas de discriminación y de expresión de la xenofobia o intolerancia; actuar firme y decididamente contra todos estos flagelos es nuestra obligación y la Conferencia de revisión, nuestra oportunidad.

Mantendremos nuestro compromiso con todos los mecanismos convencionales y extra convencionales y con la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos Humanos. Tuvimos el honor de recibir la visita de la Señora Navenethem Pillay durante el mes de septiembre del año pasado; su presencia ha dado un renovado impulso a nuestra lucha por la vigencia de los derechos humanos y ha fortalecido los lazos de cooperación, con respeto a la independencia de su Oficina con nuestro país.

Quiero compartir con Ustedes la invitación cursada por el Gobierno de Colombia a los Relatores especiales sobre Defensores de Derechos Humanos, Ejecuciones Extrajudiciales, sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y sobre la independencia de jueces y abogados a visitar nuestro país. Esta invitación, que responde a las recomendaciones y los compromisos voluntarios de Colombia en el Examen Periódico Universal, refleja el compromiso del Estado Colombiano con los derechos humanos y con el sistema de las Naciones Unidas.

Somos un país abierto al escrutinio internacional, hacemos todos los esfuerzos para garantizar la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos en nuestro territorio. Hemos logrado grandes avances en materia de protección: las cifras de secuestros, homicidios y asesinatos de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y otras personas han disminuido significativamente y de manera sostenida en los últimos 6 años. Tuvimos años en que más de 10 periodistas fueron asesinados y por primera vez en décadas no hubo un solo periodista asesinado el año pasado.

Creemos en el debate constructivo dentro de la democracia para favorecer la promoción y protección de los derechos humanos. Pero también creemos que la ideologización de este debate no beneficia a los derechos humanos. Reconocemos nuestras falencias y el trabajo por hacer y por ello pedimos que el análisis de Colombia sea objetivo y justo con nuestros esfuerzos y con nuestros avances, que se dan en medio de una situación de violencia generada por los grupos armados ilegales y por el narcotráfico, que se han convertido en los principales enemigos de la población colombiana, de la democracia y de nuestros anhelos de vivir en paz.

Muchas gracias Señor Presidente

 
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