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Declaración Universal de los Derechos Humanos
Sala de Prensa
 
 

Discurso ante Consejo ONU

Ginebra, 19 de junio de 2006

Intervención del Señor Vicepresidente de la Republica de Colombia, Francisco Santos Calderón, en el  Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos 
 

Señor Presidente,

Señora Alta Comisionada,

Señores Delegados,  

En primer lugar, quisiera felicitar a la presidencia mexicana y expresar la especial complacencia de Colombia porque una nación latinoamericana amiga, con un sólido compromiso con la democracia y una tan destacada tradición en el campo del Derecho Internacional, presida esta Primera Reunión del Consejo de Derechos Humanos.  

La Comisión de Derechos Humanos desempeñó un papel histórico en el desarrollo normativo de valiosos instrumentos internacionales hoy vigentes. Como espacio de debate sobre la situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, contribuyó también a la protección efectiva de las vidas de hombres y mujeres en diferentes países del mundo, y se constituyó en un mecanismo fundamental para avanzar hacia la realización de sus derechos y libertades.  

Cuando nuestro Continente sufrió, en décadas pasadas, los rigores de las dictaduras militares y la represión de las libertades, la Comisión sirvió de foro para hacer visibles los inmensos abusos que en esos países se cometían. Superada esta dolorosa etapa, nuestras sociedades están empeñadas hoy en perfeccionar democracias modernas. Los derechos humanos constituyen una parte fundamental de la política interna y también de la política exterior de nuestros países. Contamos con una  sociedad civil fuerte y organizada.  

El enfrentamiento Este-Oeste se superó y las dictaduras del continente americano dieron paso a la democracia. No obstante, la Comisión siguió anclada en métodos derivados de la polarización ideológica de aquellos años: la excesiva politización y la selectividad en el tratamiento de las situaciones de países, hicieron que la acción de la Comisión se viera interferida por asuntos que no correspondían a la esencia misma de su mandato.  

Se privilegiaron los instrumentos del señalamiento sobre la construcción de mecanismos de cooperación. Se privilegió la denuncia política sobre la construcción de herramientas efectivas de protección de los derechos humanos. Se privilegió la estigmatización sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional en aquellos países con problemas.  

En el marco de la Comisión, Colombia ha sido y es ejemplo, de apertura y de voluntad política con el sistema de las Naciones Unidas en general y de los derechos humanos específicamente. Los relatores del sistema tienen invitación abierta al país, y hace diez años se invitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a tener una sede en Colombia con el fin primordial de desarrollar programas de cooperación y fortalecimiento institucional.  

Sin embargo, a pesar de una actitud abierta, franca y transparente, no todas las experiencias del pasado han sido constructivas para nosotros. En ocasiones, y lo hablo por experiencia personal, recibimos relatores que llegaban al país con informes preconcebidos que no cambiaban al conocer directamente la realidad. En distintas oportunidades, la diplomacia pública ejercida desde la Oficina se encaminó hacia un señalamiento improductivo. En el 2002, se llegó incluso a emitir juicios de valor sobre el entonces candidato, hoy presidente reelecto, calificándolo como líder de la extrema derecha terrorista. Expresiones que entonces, como hoy, consideramos a todas luces inaceptables.  

En cuanto a las tareas de la oficina en Colombia, preocupa que los programas de cooperación no hayan tenido hasta ahora una asignación del  presupuesto regular acorde a las necesidades institucionales, y que de hecho, los gastos de funcionamiento absorban casi la totalidad del presupuesto.  

Colombia es un país que reconoce sus problemas, que los debate en la forma más amplia y que los expone sin cortapisas. En consecuencia, espera que en esta nueva etapa que inicia el Consejo de Derechos Humanos, se establezca una nueva metodología de trabajo en el marco del examen periódico universal que deje de lado el señalamiento para empeñarse en la construcción de una cooperación que sea producto del diagnóstico conjunto, de la mutua consulta, y de la concertación.  

Señor Presidente:  

El nuevo Consejo de Derechos Humanos está llamado a operar bajo el signo de la Universalidad:  

-       En primer lugar, Universalidad frente a normas y estándares. Por ello, al iniciar esta etapa histórica hacemos un llamado a los Estados para que todos ratifiquen las principales Convenciones e instrumentos internacionales y así nos encontremos en pie de igualdad en términos de nuestros compromisos y deberes.  

-       En segundo lugar, la Universalidad debe ser entendida y asumida como tal en el marco de la puesta en marcha del Mecanismo de Examen Universal. No podemos seguir en dos bancadas opuestas y confrontacionales: la de los que se atribuyen el papel de jueces y la de aquellos que son escrutados.  

Para lograr esta universalidad, Colombia ha reiterado su llamado a que éste sea un proceso incluyente: Que los Estados observadores, como ha sido la práctica de la Organización, puedan hacer oír su voz en pie de igualdad. Que los mecanismos consagrados en la Resolución 60/251, y en general todo su proceso de implementación, se desarrollen bajo una óptica equilibrada, que tenga en cuenta las particularidades nacionales y sociales, sin selectividad y, reitero, sin señalamientos que a la postre resultan estériles.  

El multilateralismo está basado en la simetría y en la igualdad jurídica de los Estados. Bajo el nuevo esquema, todos estaremos en la obligación de realizar un auto-análisis y, al mismo tiempo, someternos al mismo proceso, para identificar con franqueza nuestras debilidades, pero también para construir sobre nuestras fortalezas institucionales.  

Igualmente, dentro del proceso de reforma, concedemos una especial importancia a la revisión de mandatos y procedimientos especiales. Consideramos que ha habido una excesiva y desorganizada proliferación de mandatos, así como una duplicación innecesaria de funciones con respecto a las Convenciones existentes y sus respectivos órganos de vigilancia.  

La tarea de reforma que debe hacer este Consejo al respecto tiene que ser profunda, seria y coherente. Es preciso racionalizar estos mandatos y adoptar metodologías más claras y articuladas.  

Señor Presidente:  

En nuestro mundo globalizado hay temas de acuciante actualidad que no pueden estar por fuera de la consideración de este nuevo órgano porque su desarrollo, así como la efectividad o negligencia de la comunidad internacional para abordarlos, afecta a millones de ciudadanos de distintas latitudes:  

Me refiero a la protección de los derechos de los migrantes y a los peligros que revisten fenómenos como la xenofobia, el racismo y la intolerancia en todas las esferas de la vida en sociedad, pero especialmente en el ámbito religioso.  

En el tema de los migrantes, no es posible desconocer que mientras en el mundo globalizado circulan con mayor agilidad los bienes y servicios, la circulación de las personas es cada vez más restringida. Mientras que preconizamos la democracia y el libre comercio como valores para generar riqueza y trabajo, sectorizamos al mundo y le ponemos esclusas a la dinámica migratoria.  

Al mismo tiempo, uno de los grandes dilemas de nuestros días es superar el supuesto choque de las civilizaciones de que hablara Huntington, para construir en cambio un dialogo fecundo y rico entre las culturas. En este contexto, pensamos que el Consejo, como se señala en la Resolución 60/251 es uno de los espacios  llamados a albergar esta discusión.  

Señor Presidente:  

Los esfuerzos de un país en materia de derechos humanos no pueden ser evaluados en abstracto, sin tener en cuenta su propio contexto interno e internacional. El caso de Colombia es especialmente diciente:  

El país ha sido victima durante décadas de la acción bárbara de grupos armados ilegales. Esta violencia, que se expresa en actos terroristas que han afectado a la sociedad civil en su conjunto, es exacerbada por un problema global: el negocio fabuloso derivado de las drogas, y sus delitos conexos como el tráfico de armas y el lavado de activos.  

Estos flagelos  exigen la ineludible responsabilidad compartida de la comunidad internacional que exige resultados en derechos humanos mientras el consumo en sus países se incrementa y las políticas para prevenirlo son a todas luces insuficientes. Consumo que en Colombia financia una guerra contra la democracia y las instituciones.  

Colombia, en su voluntad de preservar su democracia y mejorar su situación de derechos humanos, enfrenta retos y desafíos descomunales, que no se pueden dimensionar sin estudiar el peculiar contexto del país que le imprime a su situación un carácter específico.  

Los actos terroristas que ejecutan los grupos armados ilegales, en total desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, afectan negativamente el goce efectivo de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales de los colombianos. La pérdida en vidas humanas ha sido y sigue siendo irreparable para nuestra nación. En términos económicos, hemos tenido que asumir un sobre costo enorme en materia de seguridad que dificulta, como sería nuestro deseo, un mayor incremento de la inversión social.  

La lucha contra el terrorismo debe hacerse respetando los derechos humanos. Así lo hemos asumido y los errores o actos delincuenciales que cometan las fuerzas de seguridad deben ser esclarecidos y juzgados. Lo que no debe suceder es que errores individuales sean presentados, como hoy se hace con mi país, como políticas institucionales. O que debilidades institucionales que son comunes a muchos Estados en desarrollo, como la ineficiencia de la justicia, sean interpretadas como falta de voluntad política del Estado colombiano para luchar contra la impunidad.  

Señor Presidente:  

Colombia quiere relevar en esta histórica sesión inaugural dos derechos de los pueblos que no son frecuentemente mencionados: el Derecho a la Seguridad y el Derecho a la Paz.  

El Gobierno del Presidente Uribe ha  trabajado incansablemente para ofrecer a los Colombianos el ejercicio de esos dos derechos. En primer termino, ha buscado proteger efectivamente la vida de sus ciudadanos, llevando la presencia del Estado a todo el territorio y reforzando la acción de las instituciones democráticas en beneficio de las comunidades.  

Para conseguir la reconciliación, inició un proceso de paz sin precedentes que ha llevado a la desmovilización y desarme de las autodefensas ilegales. Hoy enfrentamos el reto de la reinserción de cerca de 40.000 desmovilizados en la sociedad, tarea gigantesca, en la que es indispensable contar con la comprensión y la cooperación efectiva de la Comunidad Internacional.  

El proceso atraviesa un momento complejo. En el marco del intenso debate político generado al interior del país durante la elaboración de la ley que enmarca esa negociación de paz, se consolidó una tendencia rigorista e inflexible –apoyada por el sistema de derechos humanos- que ha dificultado la aplicación de la Ley y que ha incidido negativamente en sectores de los grupos desmovilizados, poniendo en peligro la estabilidad del proceso.  

Me pregunto, si este proceso fracasa, si miles de hombres vuelven a las armas y la violencia se recrudece hasta extremos impensados, si resurgen los asesinatos de sindicalistas y lideres políticos y sociales por buscar responder a todas y cada una de las expectativas de la comunidad internacional en el texto de una Ley, ¿quiénes van  a asumir la responsabilidad del recrudecimiento de la violencia? ¿Acaso estamos los colombianos condenados a nunca conseguir la paz negociada que tanto piden nacionales, extranjeros y organizaciones de derechos humanos? ¿Cuál seria el precedente entonces para otros grupos que permanecen al margen de la Ley y que hoy están en un proceso de paz con el Gobierno colombiano como la guerrilla del ELN?  

Estos procesos cuentan con el respaldo de la gran mayoría de los Colombianos. Así lo demuestra el resultado electoral del pasado 28 de mayo. Consideramos que el sistema de las Naciones Unidas no puede permanecer ajeno a esta dinámica.  

Lejos de los ideologismos y de los enfrentamientos de una etapa superada por la historia, los Estados que hoy participamos en la instalación de este foro esperamos construir, con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, una nueva alianza estratégica orientada hacia un ejercicio cada vez más pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

 
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