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Editorial períodico El Mundo 22 de junio de 2006


El Vicepresidente habló claro

Apelar públicamente a la Procuraduría fue una intromisión abusiva de la delegada de la ONU en asuntos internos del país.

Se encuentra por estos días en Ginebra, Suiza, el vicepresidente Francisco Santos, asistiendo al nacimientodel flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sustituyó a la Comisión del mismo tema que ya mostraba signos de agotamiento y falta de credibilidad en la comunidad internacional, y, ni corto ni perezoso, como correspondía a un genuino representante de la más antigua y estable democracia de Latinoamérica, habló claro y fuerte sobre la necesidad de replantear el papel que viene cumpliendo aquí la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hoy a cargo de la funcionaria peruana Rosa María Villa

El doctor Santos pronunció un categórico discurso en el que reclamó un cambio de orientación en la manera como se evalúa la labor de nuestras instituciones en pro de garantizar el respeto de los derechos humanos; manifestó la disposición del Gobierno a someterse de inmediato al escrutinio del nuevo Consejo, pero demandó una revisión del mandato que la antigua Comisión le dio a la Oficina de la ONU en nuestro país. Fue así mismo enfático en que Colombia no está dispuesta a admitir que se la trate con "hipocresía, selectividad, excesiva politización, polarización ideológica, y dobles estandares", en los exámenes e informes que periódicamente se publican sobre la gran crisis humanitaria provocada fundamentalmente por las organizaciones narcoterroristas de todos los pelambres y que el Estado y sus instituciones tratan de enfrentar y resolver con todos los recursos a su alcance. Reclamó una relación con base en la cooperación, "la mutua consulta y la concertación", pero sin "señalamientos", donde reine la "simetría e igualdad jurídica" y una mayor comprensión por parte de los burócratas internacionales de la tragedia de "un país que ha sido víctima de la acción bárbara de los grupos armados ilegales", y "del negocio fabuloso derivado de las drogas, con sus delitos conexos del tráfico de armas y el lavado de dinero".

No es la primera vez que el Gobierno - representando por Vicepresidente - plantea un cambio en la orientación de esa Oficina. Ya lo había hecho en dos reuniones que sostuvo en Ginebra con la Alta Comisionada Louise Arbour, en enero y marzo del 2005, y se lo había reiterado aquí, durante su visita en el mes de mayo del mismo año. En esos encuentros y ahora en Ginebra, el doctor Santos puso al desnudo una realidad que en EL MUNDO hemos denunciado prácticamente desde que el Gobierno Nacional y la ONU suscribieron el 29 de noviembre de 1996 el Acuerdo de creación de la Oficina en el país y aprobaron entregarle la responsabilidad de colaborar con nuestras instituciones democráticas en la promoción y protección de los derechos humanos. Son diez años en los que, con excepción de la señora Almudena Mazarrasa, que supo renunciar a las ideas preconcebidas que traía sobre Colombia y demostró comprensión del drama de una democracia amenazada por el terrorismo financiado por el narcotráfico, los demás representantes de la ONU han fungido de "neutrales" frente al "conflicto armado colombiano", poniendo en un plano de igualdad en sus diagnósticos, informes, condenas y recomendaciones, al Ejército y a los grupos narcoterroristas, con un perfil y un comportamiento más de censores que de verdaderos "asesores de las autoridades e instituciones colombianas en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", como reza el acuerdo que en septiembre del 2002 el gobierno del presidente Uribe renovó por cuatro años más, con la esperanza de que hubiera un cambio en esa tendencia. La verdad monda y lironda queda descrita muy bien en una frase recientemente del señor Vicepresidente: "Los agentes de Naciones Unidas en el país ayudan poco y reprueban mucho".

La última salida en falso, que aquí tuvimos ocasión de comentar, la tuvo la recién llegada doña Rosa María Villa, quien, demostrando bastante ignorancia sobre el funcionamiento institucional de Colombia, le reclamó al Procurador Maya Villazón que asumiera personalmente la investigación de las denuncias contra soldados acusados de asesinar a civiles inermes y mostrarlos como guerrilleros muertos en combate. Apelar públicamente a la Procuraduría fue una intromisión abusiva de la delegada de la ONU en asuntos internos del país y una descalificación de la tarea de investigación que ha venido cumpliendo la Fiscalía para esclarecer los posibles abusos o crímenes y poner a los responsables en manos de la justicia.

La comunidad internacional y los colombianos todos han sido testigos de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para atender las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y para mantener una interlocución permanente y productiva con sus representantes, pero el balance deja mucho qué desear y si no hay un acuerdo sobre las reglas de juego a futuro, lo más conveniente es que no se renueve su mandato que vence este año. Nos complace ver cómo el Gobierno finalmente actúa de acuerdo con los conceptos que hemos defendido en varias oportunidades y cómo poco a poco la política internacional de Colombia va orientándose hacia exigir que los organismos internacionales vengan aquí a cumplir realmente una labor de ayuda y no a juzgarnos con aire de mandones.

 
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