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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bogotá, 03 de julio de 2007

Al  término de una reunión de los Ministros de Defensa Nacional, Protección Social y de Interior y Justicia, los Directores de la  Policía Nacional y del DAS, la Directora del CTI- Vicefiscal encargada, Viceministra del Interior, Directores de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y del Ministerio del Interior y de Justicia, para analizar  el documento divulgado hoy en Madrid, por Amnistía Internacional, el Gobierno expidió el siguiente comunicado:

El Estado colombiano ha recibido y estudia detalladamente el Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los sindicalistas en Colombia. De manera preliminar hace las siguientes consideraciones:

  1. Tal como lo reconoce Amnistía Internacional, el actual Gobierno ha implementado políticas de protección a los dirigentes sindicales. El país y las centrales obreras han reconocido nuestra especial preocupación por garantizar el ejercicio de todas las libertades en el país.
  2. La presencia de la OIT en Colombia obedece al compromiso del Estado colombiano con la libertad sindical y al deseo de que la comunidad internacional sea testigo de los esfuerzos del actual Gobierno para garantizarla. No se trata  de un vigilante,  como insinúa el informe, pues no lo necesitamos cuando se trata de aplicar nuestras convicciones.
  3. El Estado colombiano está haciendo esfuerzos para superar la impunidad como lo demuestran la creación de una Unidad Especial de la Fiscalía para la investigación de atentados y asesinatos contra sindicalistas y la aprobación en el Plan de Desarrollo de un artículo para fortalecer con recursos a la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia del esfuerzo de la Fiscalía, se han proferido  46 sentencias  con 75 personas condenadas en casos que afectan a sindicalistas; actualmente se adelantan 27 juicios y en otros 39 casos hay personas acusadas (26 detenidos y 53 con medida de aseguramiento vigente).
  4. El Gobierno de Colombia rechaza la opinión de Amnistía Internacional acerca del proceso de desmovilización de las autodefensas y su obstinada oposición a la Ley de Justicia y Paz.  Recuerda que la política de combatir a todos los grupos al margen de la ley,  sin excepción y con sujeción a los derechos humanos, es compromiso ineludible del Gobierno. Uno de los resultados de esta política es la de desmovilización  de 42.000 personas  que han abandonado la actividad violenta  y que pueden representar más de la mitad de las personas que hacían parte  de grupos al margen de la ley a mediados de 2002.
  5. El Estado colombiano rechaza la acusación de que judicializa a los sindicalistas por razones de su actividad sindical.  Los casos señalados en el Informe demuestran lo contrario a lo afirmado por  AI: en el caso de Samuel Morales, Raquel Castro y Alfonso Campiño fueron condenados por actividades no relacionadas con el sindicalismo; en el caso de Hermes Vallejo, la Fiscalía apeló la decisión de libertad condicional y continúa vinculado al proceso y en el caso de Miguel Ángel Bobadilla,  y otros incluidos agentes estatales están vinculados por secuestro.
  6. El Gobierno rechaza la acusación de que existe una política institucional de tolerancia o alianza de las fuerzas del orden con cualquier grupo ilegal.
  7. El Gobierno de Colombia espera de las Organizaciones Internacionales  objetividad en los informes  y respaldo  al propósito del pueblo y del Gobierno colombiano de continuar fortaleciendo nuestra democracia y nuestra instirucionalidad.

 

 
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