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Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Colombia evalúa voluntariamente su situación de Derechos Humanos

El gobierno colombiano presentó hoy al cuerpo diplomático la primera parte del Examen Periódico Universal
El Estado presentó esta primera parte del informe a Naciones Unidas el pasado primero de septiembre.
Segunda parte del informe se hará en Ginebra el 10 de diciembre a través de un diálogo interactivo con el grupo de trabajo seleccionado para el tema.
Bogotá. Octubre 16 de 2008

Ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el gobierno expresó la importancia de que Colombia haya asumido voluntariamente el compromiso de hacer el Examen Periódico Universal, que tiene como objetivo revisar la situación de derechos humanos en todos los Estados parte de Naciones Unidas.

La primera parte del informe fue concebida como un documento de todo el Estado, “de todas las instituciones del gobierno comprometidas en estos temas, de las entidades de control que participaron muy activamente en su elaboración, de los órganos de justicia, de la sociedad civil y por los ciudadanos del común por tanto lo consideramos un informe del país, es la voz de Colombia ante el mundo”, así lo expresó Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República.

El examen implementado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un instrumento para propiciar el análisis sobre la situación derechos humanos alrededor del mundo, permitir una mejor comprensión del tema y fortalecer la cooperación transparente de todos los estados.

El gobierno colombiano destacó que la aspiración con la presentación de este informe “es que la visión del mundo sobre Colombia sea más profunda, más clara, más completa y que se reconozcan los esfuerzos. También queremos que el espíritu de pugnacidad en el tema de derechos humanos se vuelva un espíritu constructivo sin perder la objetividad. El tema de derechos humanos no es un tema que debe dividir sociedades sino un tema alrededor del cual se deben unificar.”, aseguró Carlos Franco.

El Estado colombiano entregó el informe escrito al Consejo de Derechos Humanos el pasado primero de septiembre; este documento fue preparado por un Comité conformado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República y por las direcciones de DDHH de Cancillería y del Ministerio del Interior y de Justicia.

El Informe analiza cuatro grandes temas que son prioritarios para este gobierno: lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público; lucha contra la impunidad y acceso a la justicia, discriminación y poblaciones vulnerables y derechos económicos, sociales y culturales.
El documento presentado destaca los grandes progresos que en esta materia se han alcanzado en nuestro país y también reconoce los retos existentes para lograr la plena garantía de los derechos humanos en Colombia.
Dentro de los avances en la protección de derechos humanos, el informe hace referencia la reducción del homicidio que en 2002 presentaba un registro de 28.837 mientras que el 2007 finalizó 17.198 homicidios.

Otro aspecto importante que se destaca es el fortalecimiento que ha tenido el Programa de Protección del Ministerio del Interior, que ha pasado de un presupuesto de $26.064 millones para el año 2002 a $74.717 millones para el 2007. En principio el Programa de Protección estaba dirigido a proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de dirigentes sindicales y de líderes de ONG defensoras de los derechos humanos. Posteriormente se amplió la cobertura a otras poblaciones como periodistas y líderes de comunidades étnicas, según lo señala el informe.

Por otro lado el informe señala que de las quejas que ha recibido la Defensoría del Pueblo por infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los últimos cinco años, en el 97 de los casos la responsabilidad des de los grupos armados ilegales y el 3 por ciento se atribuye a responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública en donde se han asumido compromisos y mecanismos para evitar que se presenten y para sancionar a los responsables de este tipo de acciones.

A finales de este año se presentará la segunda parte que incluye un diálogo interactivo con el grupo de trabajo seleccionado para el tema. Al finalizar este proceso se dará el resultado final que incluirá conclusiones, recomendaciones y los compromisos voluntarios que el Estado adquiera.

 
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