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COMUNICADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, Oct 16 de 2008
Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Carlos Franco
El Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Carlos Franco, dio lectura a un comunicado de prensa en respuesta al informe de la organización Human Rights Watch. Foto: Leonardo Sánchez SP-Presidencia
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El Gobierno de Colombia ante la publicación del Informe ¿Rompiendo el control?, evaluativo de la acción del Estado para juzgar los crímenes de los grupos paramilitares en Colombia, declara:

1. Sería deseable que este tipo de Informes fueran conocidos previamente por las instituciones a las cuales pretende juzgar, y así permitir una reacción a todas las afirmaciones de un informe de 152 páginas.

2. La sociedad y las instituciones colombianas han tomado dos decisiones: garantizar los derechos de las víctimas y combatir y juzgar a todos los grupos armados ilegales. En ese sentido, preocupa al Estado colombiano que el Informe reduzca el problema al juzgamiento de unos cuantos y olvide todos los derechos de las víctimas.

3. Los colombianos y colombianas deseamos un esclarecimiento total y rápido de las circunstancias que han rodeado la violencia contra las instituciones y la población, por parte de todos los grupos armados. Pretender que ese no es el interés del Gobierno es ridículo. También decidimos abrir una puerta a las soluciones dialogadas, que implican hacer concesiones a cambio del cese total de las acciones violentas, y facilidades para la reincorporación a la sociedad.

4. Hay dos hechos que no por repetidos ni por ausentes en el Informe, son menos ciertos: La Ley de Justicia y Paz es la Ley más exigente con los desmovilizados y más cuidadosa con los derechos de las víctimas en cualquier proceso de paz en el mundo, y el segundo hecho es que este Gobierno, es el Gobierno que con más fuerza, eficacia y decisión ha combatido a los grupos paramilitares en la historia de Colombia. La realidad es que sus bienes están en proceso de confiscación o en riesgo de ello, sus estructuras desarticuladas y sus jefes encarcelados en Colombia o en los Estados Unidos, como lo reclamaba Human Rights Watch en el 2005.

5. Las instituciones colombianas son un ejemplo de funcionamiento independiente, respetuoso y complementario entre ellas, y como en toda democracia, las diferencias propias del pluralismo se debaten públicamente. Pedir que las diferencias se oculten, o el unanimismo, es una pretensión ajena a la democracia que queremos fortalecer. Hay muchas opiniones diversas sobre cómo llegar a los objetivos, pero no hay ninguna diferencia respecto a los objetivos.

6. El Informe contiene afirmaciones que no son ciertas, dentro de las cuales vale la pena resaltar algunas:

  • La Corte Constitucional ni reformó ni ordenó reformar la Ley de Justicia y Paz. En su sentencia sobre la constitucionalidad de dicha Ley, fijó parámetros de interpretación y aplicación que ya estaban contenidos en la Ley, en las leyes colombianas y en la jurisprudencia.
  • El Gobierno tuvo la iniciativa, en el Plan Nacional de Desarrollo, de fortalecer los recursos de la Fiscalía General de la Nación, y de común acuerdo con ella, se contrató una consultoría para evaluar las necesidades y se incorporó la partida en el presupuesto del 2008. Esto no fue el resultado de la presión internacional, como lo dice el Informe, sino del interés de las instituciones colombianas de contar con los recursos para desarrollar una labor eficaz.
  • Ni la Ley limitaba a un plazo de 60 días para desarrollar las investigaciones completas, ni relevaba a la justicia de la obligación de investigar los crímenes no revelados, ni establecía que los beneficios jurídicos no se podían perder si se incumplían los requisitos para obtenerlos. Esto ha sido así antes y después del fallo de la Honorable Corte Constitucional.
  • El Gobierno nunca ha pretendido quitar o sustraer a los congresistas del juzgamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno cree que estas y otras falsedades evidentes en el Informe, obedecen a problemas de comprensión de lectura de quienes lo redactaron, pues se niega a creer que estas imprecisiones obedezcan a malas intenciones.

7. El Gobierno ha llamado a la prudencia con respecto a las declaraciones vertidas en la Ley de Justicia y Paz, y a quienes se someten a la Ley les ha exigido comprometerse con la verdad. Pretender que lo que dicen los desmovilizados es verdad sólo cuando compromete a personas adeptas a este Gobierno, es prestarse a manipulaciones por parte de ellos. Exigencia de la verdad y trabajo serio de los órganos judiciales para verificar las versiones, es lo adecuado.

8. El Gobierno rechaza el uso chantajista de la aprobación del TLC con argumentos que desconocen la realidad y la voluntad de los colombianos. Tal y como lo expresó el Washington Post en un reciente editorial sobre la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, a esta organización “se le están acabando las excusas para su campaña contra el Tratado de Libre Comercio”. La verdad es que la extradición de los jefes paramilitares interrumpió su reincidencia en crímenes, no sus confesiones.

9. El Gobierno y las instituciones tienen deficiencias y errores que nunca han ocultado, pero no tienen intenciones criminales. Con la autoridad que nos da reconocer las deficiencias cuando las hay, pedimos que este tipo de informes reconozcan los avances y los logros que cada día tenemos. Cuando se elaboran informes con sesgo y cargados de animadversión personal, se pierde la credibilidad y se debilita la lucha por los Derechos Humanos.

Bogotá, 16 de octubre de 2008

 
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